El juez que investiga a Podemos por financiación ilegal imputa al responsable adjunto de finanzas

El juez Juan José Escalonilla ha imputado al responsable de finanzas de Izquierda Unida, Carlos García Ramos, en la causa en la que investiga a Podemos por financiación irregular, fraude electoral y falsedad en documento mercantil

La Seguridad Social revela que la consultora a la que Podemos pagó 363.000 € no tiene empleados

El juez que investiga a Podemos por financiación ilegal imputa al responsable adjunto de finanzas

El juez Juan José Escalonilla ha imputado al responsable adjunto de finanzas, Carlos García Ramos, de Izquierda Unida, en la causa en la que investiga a Podemos por financiación irregular, fraude electoral y falsedad en documento mercantil. En un auto, al que ha tenido acceso OKDIARIO, el magistrado le cita en calidad de investigado para el próximo 13 de noviembre a las 12:30 horas.

En el escrito, el juez señala: «En el certificado remitido por el Secretario de la Junta Electoral Central se hace constar que Carlos García Ramos y Daniel de Frutos Ramírez, fueron designados ante dicha Junta Electoral Central como administradores generales con carácter mancomunado por la coalición electoral Unidas Podemos, constituida para las elecciones generales que se celebraron el 28 de abril de 2019».

Añade que los dos administradores comunicaron la apertura de las cuentas bancarias en la Caja de Ingenieros que fue investigada por el Tribunal de Cuentas y  ahora por el juez porque «existen indicios racionales acreditativos de que los pagos efectuados a la sociedad mercantil Neurona Comunidad S.L., constituida mediante escritura pública en fecha 19 de marzo de 2019, en base al contrato formalizado con el partido político Podemos en fecha 6 de mayo de 2019 – el borrador es de fecha 25 de febrero de 2019- no tuvieron como finalidad el pago de servicio alguno prestado por dicha mercantil con ocasión de las Elecciones Generales del 28 de abril de 2019 y calificable como gasto electoral».

Podemos pagó  363.000 euros a la consultora chavista Neurona Comunidad S.L por supuestos trabajos para el partido en las elecciones generales de abril de 2019, que más tarde gran parte de este montante terminaría en las cuentas de la filial mexicana a través de transferencias que no superaban los 50.000 euros para burlar las alertas del blanqueo de capitales.

Pero la Tesorería General de la Seguridad Social ha remitido al juez Juan José Escalonilla un oficio en el que informa que la consultora chavista creada un pueblo de Sevilla, Neurona Comunidad S.L, no ha tenido nunca un solo trabajador. El oficio de la Seguridad Social sobre Podemos, al que ha tenido acceso OKDIARIO, reza lo siguiente: «Una vez consultada la base de datos de la Tesorería le informamos que no se ha localizado en los registros de dicha base de datos, ninguna empresa de razón social Neurona Comunidad SL con CIF: B90428772».

Expertos en Derecho Fiscal y magistrados de lo Mercantil consultados por OKDIARIO advierten que esto significa que se trata de una sociedad instrumental o sociedad pantalla. Éstas son empresas creadas «con el objetivo de actuar en el tráfico económico interpuesta entre el mercado y el prestador de servicios, ocultando la realidad latente, y suelen utilizarse para fines delictivos, evasivos o elusivos». El Tribunal Supremo ha definido las sociedades instrumentales como empresas que pretenden evitar el rastreo de la propiedad y el origen de los fondos. Por su parte, la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado señala que las sociedades instrumentales son formalmente personas jurídicas, pero materialmente carecen de desarrollo organizativo.

Salpica a Izquierda Unida

La corrupción en Podemos salpica ahora a sus socios en la coalición electoral, Izquierda Unida, y el juez ha imputado al responsable de finanzas del partido liderado por Alberto Garzón, Carlos García Ramos, por un presunto delitos de fraude electoral tipificado en el artículo 150 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses, si los fondos apropiados o distraídos no superan los 50.000 euros, y de prisión de dos a seis años y multa de doce a veinticuatro meses, en caso contrario.

El otro administrador general para la coalición Unidad Podemos en las elecciones del pasado año era el tesorero de la formación morada, Daniel de Frutos, que ya está imputado en la causa y que deberá declarar en calidad de investigado el próximo 2 de noviembre junto a otros miembros del partido como  Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación de Podemos, responsable de las campañas del partido y mano derecha de Pablo Iglesias; la gerente de la formación, Rocío Val; y responsable de Compras y Finanzas, Andrea Deodato.

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